La presente obra (7ª edición) se ha convertido ya en un referente para el estudio de la prueba pericial contable en su más amplio sentido (incluida la prueba pericial económica o económico-financiera).

El RGPD instaura la figura del Delegado de Protección de Datos. Posteriormente, la LOPDGDD ha matizado y desarrollado algunas de sus atribuciones. Esta obra delimita el nuevo marco normativo en el que se desenvuelven las atribuciones del DPO.

Analiza los derechos de los accionistas, las clases de acciones y además propone una nueva clasificación de estas y de los derechos. Destaca los derechos instrumentales, los derechos mínimos fundamentales y los derechos disponibles. La sociedad anónima (S.A.) sujeta a un cúmulo de normas imperativas y prohibitivas, en la que no se exige un capital social mínimo legal, se privilegian las normas permisivas y prevalece la autonomía de la voluntad de los socios para modificar, ampliar, suspender, restringir o suprimir los derechos del accionista. En este libro te contamos todo.

La economía colaborativa ha desarrollado diferentes modelos de negocio basados en la utilización de plataformas digitales. Esta obra da respuesta a los incontables interrogantes que legales que suscita esta nueva realidad.

La obra expone el régimen jurídico de las sociedades de capital mediante una sistemática práctica basada en preguntas y respuestas. Se lleva a cabo una radiografía completa de las sociedades de capital con numerosas remisiones internas entre respuestas.

Incluye más de 300 modelos y pretende proporcionar a los profesionales del Derecho una guía que les facilite su labor a la hora de redactar con el máximo rigor y precisión los distintos documentos mercantiles.

El Reglamento General de Protección de Datos busca dar a la persona física un mayor control sobre el tratamiento de sus datos personales. La obra analiza el listado renovado y ampliado de derechos que ha quedado redefinido en el RGPD y la LOPDGDD.

La reciente Ley de Contratos del Sector Público amplía el objeto del recurso especial en materia de contratación. Es preciso analizar dicha ampliación que se traducirá en un considerable aumento de la interposición, tramitación y litigiosidad.

La doctrina del Tribunal Supremo sobre los contratos de cobertura tiene como eje la STS de 20 de enero de 2014 (núm. 840/2013). Una doctrina que se ha generalizado y extendido en las reclamaciones seguidas contra las entidades de crédito por todo tipo de productos.

El compliance desde la perspectiva administrativa: ad intra, mediante su proyección en el interior de la Administración pública, y ad extra, a partir del cumplimiento normativo que debe presidir las relaciones de las empresas con la Administración.

Contrastados expertos de probada trayectoria como DPDs de organizaciones nacionales e internacionales ofrecen una visión práctica del ejercicio de sus funciones y lo hacen mediante una singular aproximación a la materia, por sectores de actividad.

Entre los litigios derivados de la pandemia, sin duda, ocupan un lugar destacado los relacionados con el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial de la Administración por los posibles errores en la gestión de la crisis sanitaria.