En el panorama del Derecho español no es nada habitual la presencia de obras de las características de este Anuario Mercantil, en la que un apreciable número de los despachos más reconocidos exponen abiertamente el elenco de los casos en los que los propios redactores de los trabajos han sido partícipes directos en su condición de abogados.

Analiza las relaciones de la empresa con el Derecho público. Examina la intervención administrativa y económica en la actividad empresarial: el marco jurídico, las trabas, duplicidades y cargas existentes y propone soluciones y reformas. También explica las ventajas existentes a día de hoy (de financiación, fiscales, subvenciones) y detalla cómo aplicarlas.

Obra con un sentido eminentemente práctico que ayuda a crear opinión sobre cuestiones que catedráticos y abogados consideren importantes plantear ante la Administración y la Jurisdicción.

Analiza las importantes modificaciones introducidas en el régimen de deberes y responsabilidad de los administradores en las sociedades de capital tras la reciente reforma de la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo.

El Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, impone una lectura específica de la reforma administrativa en clave local, finalidad a la que obedece este Manual sobre el procedimiento administrativo local.

Analiza las modificaciones introducidas en el nuevo marco regulador del régimen jurídico del sector público.

Obra práctica que te ayudará a crear opinión sobre cuestiones que catedráticos y abogados consideren importantes plantear ante la Administración y la Jurisdicción.

Obra que pone de manifiesto el Compliance para instrumentalizar la función de vigilancia y control de riesgos legales en corporaciones y empresas

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas contiene siete Títulos, con 133 artículos, ordenados en una estructura semejante a la dispuesta en la Ley 30/1992, y con un contenido similar.

La obra recoge los términos propios de esa administración electrónica en sentido amplio –cuya base es jurídico-técnica–, pero también términos propios de la rama informática, de la archivística, y de las relaciones digitales.

Las prácticas empresariales anticompetitivas, al igual que los acuerdos colusorios o las conductas abusivas que puedan llevar a cabo los operadores dominantes, son susceptibles de ocasionar perjuicios a dos niveles. En primer lugar, estas conductas lesionan el interés general, en la medida en la que alteran y distorsionan la libre competencia en los mercados. En segundo lugar, los ilícitos competitivos pueden también causar un daño en los patrimonios individuales, cuando afecten a los intereses de los consumidores y/o a las empresas que se relacionan con las empresas infractoras. La obra se centra, fundamentalmente, en examinar las acciones de daños antitrust y la cuantificación de los perjuicios que pueden derivarse de los ilícitos competitivos

Analiza la tendencia doctrinal que se va consolidando en cuanto a determinar un modelo de accesoriedad – limitada - del Derecho Penal en relación con la regulación administrativa.