Manual de consulta inmediato, resultando especialmente útil para su utilización en juicio, así como en otros actos judiciales que requieran intervenciones regidas por la inmediatez.

11 ediciones acreditan a esta obra como el referente bibliográfico en materia de responsabilidad de los administradores de empresas insolventes. Te ofrecemos todo lo que hay que saber sobre las acciones que cabe dirigir contra el patrimonio personal de los "administradores irresponsables".

La obra que examina los fundamentos teóricos de este método de resolución de conflictos previo al ámbito jurisdiccional, así como su aplicación práctica.

El artículo 31bis del Código Penal establece un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas que establece nuevas responsabilidades para los ADMINISTRADORES SOCIALES que pueden ser exigidas ante la jurisdicción mercantil por la sociedad, socios y acreedores perjudicados.

Se analizan los aspectos más notables que deben tomarse en consideración en escenarios de crisis empresarial. Se proponen modelos de gestión preventiva que permitan asegurar el cumplimiento de las obligaciones de diligencia y lealtad para evitar incurrir en responsabilidades patrimoniales o de orden penal.

De igual forma que hace medio siglo las empresas desarrollaban su actividad sin tener en cuenta el marketing, la Responsabilidad Social Corporativa es hoy en día un valor agregado y una ventaja competitiva para la empresa, mañana será un requisito.

Los administradores de una sociedad responderán frente a la misma, los socios y los acreedores del daño que causen por actos contrarios a la ley o a los estatutos o realizados incumpliendo los deberes inherentes al cargo.

Las nuevas tecnologías han impulsado modelos de consumo alternativo. La relación entre la oferta y la demanda ha cambiado de manera significativa. Y así, los servicios son considerados bienes de intercambio, siendo un modelo centrado en la colaboración y la ayuda mutua.

La aproximación al tema comienza por el estudio de la instrucción sumarial, a fin de tener una visión amplia de la importancia de las primeras fases del proceso penal, para lo que se parte del proceso acusatorio como consideración general y de la figura del juez de instrucción; para adentrarse, a continuación, en el examen de la intervención de la policía judicial y acerca de cómo juega el derecho de defensa del investigado durante la actuación de ésta. Finalmente, se destaca la actuación del Ministerio Fiscal en la instrucción penal española, para terminar con la eficacia de los actos de prueba en los casos del incidente probatorio italiano o del aseguramiento de prueba en el proceso español.

La responsabilidad profesional está inmersa en una modalidad de responsabilidad que, aunque no específicamente regulada en el Código Civil, se concreta en el cumplimiento de las obligaciones nacidas de un contrato, si bien sus consecuencias no solo se traducen en ese ámbito, sino también en el extracontractual. La obra constituye una herramienta necesaria para quienes deseen un conocimiento preciso de la responsabilidad derivada de las actuaciones profesionales, para lo cual se estructura sobre de un examen de los principios generales de esta materia, tales como la relación de causalidad o la cuantificación del perjuicio, elementos que se extrapolan a ciertos ámbitos de actuación tales como los profesionales de la sanidad, los relacionados con el Derecho ―abogados, procuradores y notarios―, los administradores de fincas y los periodistas.

Con fundamento en la convergencia de los progresos en microelectrónica, informática y telecomunicaciones, asistimos a cambios profundos y acelerados en la forma de producirse las relaciones sociales en múltiples ámbitos como el trabajo, la educación, el ocio, las actividades económicas o la participación política. El sistema judicial ha de responder a los nuevos retos derivados de la sociedad de la información, es decir, a los cambios sociales relacionados con la adquisición y difusión de la información a través de las redes de comunicación; y en concreto, al conjunto de servicios que se prestan mediante un equipo informático o un dispositivo electrónico a solicitud de persona receptora del servicio.

Ley 5/2019 reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, representa un antes y un después en la contratación de préstamos inmobiliarios, así como en las reglas que sirven para proteger al deudor hipotecario en caso de sobreendeudamiento.