La obra que examina los fundamentos teóricos de este método de resolución de conflictos previo al ámbito jurisdiccional, así como su aplicación práctica.

El artículo 31bis del Código Penal establece un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas que establece nuevas responsabilidades para los ADMINISTRADORES SOCIALES que pueden ser exigidas ante la jurisdicción mercantil por la sociedad, socios y acreedores perjudicados.

La aproximación al tema comienza por el estudio de la instrucción sumarial, a fin de tener una visión amplia de la importancia de las primeras fases del proceso penal, para lo que se parte del proceso acusatorio como consideración general y de la figura del juez de instrucción; para adentrarse, a continuación, en el examen de la intervención de la policía judicial y acerca de cómo juega el derecho de defensa del investigado durante la actuación de ésta. Finalmente, se destaca la actuación del Ministerio Fiscal en la instrucción penal española, para terminar con la eficacia de los actos de prueba en los casos del incidente probatorio italiano o del aseguramiento de prueba en el proceso español.

La responsabilidad profesional está inmersa en una modalidad de responsabilidad que, aunque no específicamente regulada en el Código Civil, se concreta en el cumplimiento de las obligaciones nacidas de un contrato, si bien sus consecuencias no solo se traducen en ese ámbito, sino también en el extracontractual. La obra constituye una herramienta necesaria para quienes deseen un conocimiento preciso de la responsabilidad derivada de las actuaciones profesionales, para lo cual se estructura sobre de un examen de los principios generales de esta materia, tales como la relación de causalidad o la cuantificación del perjuicio, elementos que se extrapolan a ciertos ámbitos de actuación tales como los profesionales de la sanidad, los relacionados con el Derecho ―abogados, procuradores y notarios―, los administradores de fincas y los periodistas.

Con fundamento en la convergencia de los progresos en microelectrónica, informática y telecomunicaciones, asistimos a cambios profundos y acelerados en la forma de producirse las relaciones sociales en múltiples ámbitos como el trabajo, la educación, el ocio, las actividades económicas o la participación política. El sistema judicial ha de responder a los nuevos retos derivados de la sociedad de la información, es decir, a los cambios sociales relacionados con la adquisición y difusión de la información a través de las redes de comunicación; y en concreto, al conjunto de servicios que se prestan mediante un equipo informático o un dispositivo electrónico a solicitud de persona receptora del servicio.

Ley 5/2019 reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, representa un antes y un después en la contratación de préstamos inmobiliarios, así como en las reglas que sirven para proteger al deudor hipotecario en caso de sobreendeudamiento.

Te explicamos cómo se desarrolla, en el orden civil, el acto de conciliación como herramienta para la solución extrajurisdiccional de conflictos.

Resolución de las preguntas y dudas más frecuentes en la práctica forense Se ofrece un análisis integral del derecho a la asistencia jurídica gratuita, partiendo de su examen constitucional hasta su concreto reconocimiento y aplicabilidad práctica.

Las nuevas tecnologías han favorecido nuevas soluciones de movilidad urbana (patinetes eléctricos, monopatines, monociclos eléctricos, segway, hoverboard, etc.) que generan numerosas situaciones de riesgo que deben ser objeto de análisis.

El tema de la prueba en general, y en particular el de la prueba judicial, es uno de los que resultan más apasionantes y polémicos en la ciencia y en la teoría del Derecho probatorio.

Se examinan las funciones gubernativas sobre policía de estrados y la mala fe procesal mediante un análisis que incluye: Comentarios, Jurisprudencia, Textos Legales, Preguntas frecuentes con solución jurisprudencial, Formularios y Bibliografía.

Esta monografía ofrece un análisis general de la ejecución civil, junto con el examen de determinadas especialidades que aplican tanto a la ejecución hipotecaria como a la ejecución forzosa en materia de familia.