El Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, impone una lectura específica de la reforma administrativa en clave local, finalidad a la que obedece este Manual sobre el procedimiento administrativo local.

Analiza las modificaciones introducidas en el nuevo marco regulador del régimen jurídico del sector público.

Conviértete en un experto en este complejo mundo de saber valorar el daño corporal.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas contiene siete Títulos, con 133 artículos, ordenados en una estructura semejante a la dispuesta en la Ley 30/1992, y con un contenido similar.

Obra de referencia que analiza los fundamentos del derecho hipotecario. Puesta al día con todas las reformas legislativas producidas desde la anterior edición de 2011.

Dispondrás de un completo sistema de soluciones para paliar los efectos de los problemas que derivan de la morosidad y el impago de las cuotas en las comunidades de propietarios.

Examen completo de una categoría de daños distinta de las tradicionalmente estudiadas y que carece de un estudio sistemático en nuestro sistema: el daño lícito.

La obra recoge los términos propios de esa administración electrónica en sentido amplio –cuya base es jurídico-técnica–, pero también términos propios de la rama informática, de la archivística, y de las relaciones digitales.

Imprescindible tras la importante reforma legislativa aprobada en junio 2015, de la Ley Hipotecaria y del Texto Refundido de la Ley de Catastro.

Analiza la tendencia doctrinal que se va consolidando en cuanto a determinar un modelo de accesoriedad – limitada - del Derecho Penal en relación con la regulación administrativa.

La solución práctica a las dudas que surgen en la instalación y mantenimiento de ascensores en las comunidades de vecinos.

La presente monografía ofrece un instrumento útil para enfocar, en la práctica diaria, las cuestiones que con cierta frecuencia plantea la necesaria coordinación de las actuaciones ejecutivas judiciales con los requisitos que para su reflejo registral impone la legislación hipotecaria.