La presente monografía examina el alcance de la profunda modificación acometida en el ámbito del régimen local español por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

El Impuesto Sobre Bienes Inmuebles es el de mayor relevancia para las entidades locales por su capacidad recaudatoria, sobre todo a partir de la Ley 52/2002, de 28 de de diciembre de Reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre Reguladora de las Haciendas Locales, que modificó el Impuesto sobre Actividades Económicas con importantes efectos sobre la recaudación del mismo y los recursos de los Ayuntamientos.

En esta obra se examinan con minuciosidad los requisitos y garantías que han de cumplirse en la práctica de las notificaciones administrativas, con especial énfasis en la jurisprudencia elaborada en torno a este tema.

En esta 2.ª edición actualizada se han tenido en cuenta nuevas aportaciones doctrinales y, sobre todo, dada la utilidad práctica que se ha pretendido imprimir a la obra, se han incluido las últimas resoluciones de nuestros tribunales sobre la materia.

La obra tiene un contenido claramente transversal, referido a todas las materias del ámbito e interés local, aproximándose a ellas, y muy especialmente a las novedades introducidas por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local

El contenido básico de la reforma (ley y reglamento) obliga a abordar numerosos aspectos que resultan capitales: las determinaciones conceptuales, la servidumbre de protección, el deslinde, la protección medioambiental de determinados ecosistemas -con una especial afectación en marismas, salinas, dunas o acantilados-, la ampliación de las concesiones a 75 años, el rescate o expropiación de los derechos concesionales, la exclusión del dominio público marítimo terrestre de núcleos con independencia de que la ocupación sea con título o sin él, legales o ilegales, el derecho de reintegro, la suspensión gubernativa de actos y acuerdos adoptados por las entidades locales, el régimen jurídico de determinadas playas, chiringuitos y adscripciones, y el interés especulativo de un entorno muy sensible.

El asesoramiento en materia administrativa, debe tener una doble visión: la vía administrativa y la vía jurisdiccional. A ello hay que añadir, además, que la jurisdicción contencioso-administrativa es creadora del propio derecho administrativo, en muchos casos, con lo cual, su función excede, a veces, de un propio remedio procesal.